Tu canal de denuncias en minutos

Si tu empresa está dentro de los siguientes sectores, debe disponer de un Canal de Comunicaciones:

• Abogados, procuradores u otros profesionales, cuando participen en operaciones de constitución, gestión o dirección de sociedades, administración de bienes, organización de aportaciones para empresas o actuación como representantes en transacciones financieras o inmobiliarias.
• Personas que presten servicios profesionales para la constitución de sociedades u otras personas jurídicas.
• Aseguradoras y corredores de seguros del ramo de vida
• Asesores jurídicos y mercantiles
• Auditores, asesores fiscales y contables externos
• Comerciantes de arte o antigüedades
• Comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos
• Entidades de cambio de moneda
• Entidades de crédito
• Fundaciones y asociaciones
• Notarios y registradores
• Promotores e intermediarios inmobiliarios
• Sociedades y servicios de inversión
• Transporte de fondos o medios de pago

Algunos consejos para conseguir el máximo anonimato, además de informar que la denuncia es anónima son:

• Asegúrese de que en la descripción de la comunicación no incluye información con la que sea fácil identificarle. Lo mismo aplica a los documentos que anexe como posibles pruebas.
• No denuncie desde un ordenador conectado a la red de la empresa, incluido un móvil conectado a la wifi corporativa. No registramos la información, pero antes de llegar a nuestros sistemas debe pasar por los propios sistemas de control como proxy's o firewalls y puede haber configuraciones que permitan saber a qué servicios se conecta.
• Puede utilizar el navegador de código abierto TOR, que anonimiza la dirección IP.

Aquellos delitos o infracciones enumerados en la Directiva (UE) 2019/1937, que se realicen por un representante legal o empleado, en beneficio directo o indirecto de la propia entidad, así como aquellos que se realicen contra trabajado u otras personas vinculadas a la empresa, que se encuentren dentro de los siguientes ámbitos:

Contratación pública; Servicios, productos y mercados financieros; Prevención del blanqueo de capitales; Seguridad de los productos; Seguridad de los productos y conformidad; Seguridad del transporte; Protección del medio ambiente; Protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear; Seguridad de los alimentos y los piensos, Sanidad animal y bienestar de los animales; Salud pública; Protección de los consumidores; Protección de la privacidad y de los datos personales, Seguridad de las redes y los sistemas de información; Intereses financieros de la Unión; Infracciones relativas al mercado interior.

Asimismo, la Ley Orgánica 2/2023, de 21 de febrero, amplia el ámbito de los actos enumerados en la Directiva (UE) 2019/1937, a los siguientes: Intereses financieros de la Unión; competencia y ayudas; impuesto sobre sociedades y fraude fiscal; Hacienda Pública y Seguridad Social; derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo; acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de protección de datos vigente, somos responsables del tratamiento, gestión y almacenamiento de los datos personales de todas las personas involucradas en las consultas y denuncias. Tanto nosotros, como los expertos externos contratados cumplen con las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado.

La plataforma está diseñada para aplicar la normativa vigente en protección de datos personales, así como lo previsto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción.

Sus datos están cifrados para evitar al máximo los riesgos de intrusión.

Las comunicaciones deben realizarse siempre de buena fe. Se considerarán comunicaciones de mala fe aquellas que se realicen suplantando la identidad del informante o detallando hechos que se saben inciertos o involucran a personas que no han tenido relación con tales hechos, aun siendo estos ciertos.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las "denuncias falsas", consistentes en comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad, se consideran infracciones muy graves, con multa de 30.001 hasta 300.000 euros para personas físicas, y entre 600.001 y 1.000.000 de euros para personas jurídicas, pudiendo, además, ser constitutiva de un delito penal.